En medio del debate sobre el derecho de las audiencias, han surgido posturas críticas que advierten posibles riesgos para la libertad de expresión en México.
Algunos señalamientos consideran que los lineamientos en esta materia podrían convertirse en un mecanismo para limitar el acceso a la información, al establecer criterios que influyan en los contenidos difundidos por los medios de comunicación.
Las críticas también apuntan a la relación entre autoridades estatales y medios, donde se cuestiona que ciertos actores públicos seleccionen a qué medios o periodistas responder, lo que, según estas posturas, podría afectar el flujo de información hacia la ciudadanía.
En este contexto, el debate se ha centrado en encontrar un equilibrio entre la protección de las audiencias y la garantía del derecho a la información, sin que ello derive en restricciones indebidas o prácticas que puedan interpretarse como censura.
Especialistas subrayan la importancia de mantener reglas claras que fortalezcan la transparencia y el acceso a la información, al tiempo que se respete la libertad editorial de los medios.