El patrimonio del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, vuelve a estar bajo cuestionamientos luego de que circularan señalamientos sobre la presunta adquisición y posesión de propiedades de alto valor.
Los señalamientos han generado críticas debido a la diferencia entre el discurso de austeridad que ha acompañado a funcionarios de la llamada Cuarta Transformación y el patrimonio inmobiliario que se atribuye al funcionario. Sin embargo, hasta el momento, las acusaciones difundidas públicamente deben ser tomadas como señalamientos y no como hechos acreditados, mientras no exista una investigación que determine alguna irregularidad.
El caso también ha provocado cuestionamientos hacia las autoridades encargadas de investigar posibles actos de corrupción, particularmente sobre si existen elementos suficientes para revisar el origen de los recursos utilizados para adquirir los inmuebles y la información presentada en sus declaraciones patrimoniales.
La exigencia de una investigación no implica, por sí misma, que exista un delito. En caso de que alguna autoridad determine abrir una indagatoria, correspondería a las instituciones competentes revisar la documentación financiera, patrimonial y fiscal para determinar si hubo alguna conducta irregular.
Por ahora, el tema abre nuevamente el debate sobre la transparencia de los servidores públicos y la congruencia entre el discurso de austeridad y el patrimonio de quienes ocupan cargos de alto nivel en el gobierno federal.
