Diversos sectores han expresado preocupación por una posible concentración de poder en instituciones del Gobierno de México, así como por los cambios impulsados en organismos autónomos y en el sistema judicial.
Las críticas señalan que estas modificaciones podrían impactar el equilibrio institucional y la independencia de instancias encargadas de garantizar contrapesos dentro del Estado.
Asimismo, especialistas y actores políticos han cuestionado los lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias, al considerar que podrían influir en la manera en que se difunde información de interés público.
Entre las principales preocupaciones se encuentra la posibilidad de que estos mecanismos limiten la cobertura de temas como corrupción, seguridad pública o presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales.
El debate continúa abierto, mientras distintas voces subrayan la importancia de preservar la transparencia, la libertad de expresión y el acceso a la información como pilares fundamentales en una sociedad democrática.