Desde distintos sectores de la sociedad y la oposición han surgido críticas hacia el Gobierno de México por el uso creciente de mecanismos que, afirman, limitan el acceso a la información pública.
Los señalamientos apuntan no solo a presiones sobre medios de comunicación, sino también a la clasificación y reserva de documentos de interés público bajo argumentos como seguridad nacional o interés estratégico.
Entre los casos mencionados se encuentran proyectos y temas de alto impacto como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, así como investigaciones relacionadas con Segalmex y datos sobre la pandemia de COVID-19.
Para sus críticos, la reserva de información se ha convertido en una herramienta que dificulta la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental, al impedir el escrutinio ciudadano durante años.
Advierten que esta práctica limita la posibilidad de evaluar decisiones públicas, detectar posibles irregularidades o actos de corrupción, por lo que consideran que una reserva excesiva de documentos podría interpretarse como una forma indirecta de censura.
