Este miércoles se cumplen 50 días desde que, según voces de la oposición y diversos sectores políticos, el gobierno federal y Morena han mantenido respaldo y protección hacia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a Enrique Inzunza y otros actores señalados públicamente por presuntos vínculos con el grupo criminal de Sinaloa. Estas acusaciones no han sido acreditadas mediante una resolución judicial.
En el debate público ha cobrado fuerza la postura de que una eventual investigación o acción legal contra Rocha podría derivar en el escrutinio de una red más amplia de presuntos nexos entre figuras políticas y el crimen organizado. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido resoluciones que confirmen dichas acusaciones, mientras el tema continúa generando controversia y polarización en el ámbito político nacional.