El uso de testimonios de testigos protegidos y colaboradores se ha convertido nuevamente en un punto de debate dentro del ámbito político y judicial, luego de que este mecanismo, criticado en diversas ocasiones por integrantes de la Cuarta Transformación cuando es utilizado en Estados Unidos contra presuntos narcopolíticos, también ha sido empleado en investigaciones dentro de México.
Uno de los casos recientes es el del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien fue detenido con base en declaraciones de testigos colaboradores. El exmandatario, con una trayectoria política que inició en el PRI y posteriormente lo llevó al PRD, es señalado por presuntamente ocultar información relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Este tipo de declaraciones, obtenidas de personas que colaboran con las autoridades a cambio de beneficios legales, han sido utilizadas en distintas investigaciones para construir expedientes contra funcionarios y figuras políticas, aunque también han generado cuestionamientos sobre su alcance y confiabilidad.
A este panorama se suma el desafuero de dos alcaldes de Movimiento Ciudadano en Veracruz, entidad donde Morena mantiene mayoría legislativa, procesos que abrieron nuevamente la discusión sobre el uso de las herramientas legales contra actores políticos.
