En Michoacán se tienen registrados más de 10 mil 600 deudores alimentarios, de acuerdo con datos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), situación que ha encendido las alertas por el impacto económico y social que enfrentan miles de familias en la entidad.
Las cifras señalan que entre 2021 y 2024 se contabilizaron 10 mil 612 personas que incumplieron con el pago de pensión alimenticia, afectando principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Especialistas y colectivos han advertido que el incumplimiento de esta obligación genera inestabilidad económica en los hogares, ya que muchas madres deben asumir solas los gastos relacionados con alimentación, educación y salud de sus hijos.
Ante esta situación, en Michoacán se han impulsado reformas para endurecer las sanciones contra quienes aparezcan en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Entre las medidas contempladas destacan restricciones para acceder a cargos públicos, tramitar licencias y realizar diversos procedimientos oficiales.
