Han transcurrido 36 días desde que las autoridades estadounidenses dieron a conocer las acusaciones que involucran a Rubén Rocha, Enrique Inzunza y al general Díaz Vega. Mientras este último ya se entregó junto con otros seis señalados, la atención pública se mantiene sobre Rocha e Inzunza, quienes continúan en funciones o bajo protección política, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento que despeje las dudas generadas por el caso.
La falta de avances públicos y de explicaciones claras ha alimentado cuestionamientos entre diversos sectores, donde prevalece la percepción de que existe una estructura de protección política para evitar consecuencias inmediatas. Para los críticos, el silencio institucional y la ausencia de transparencia fortalecen la exigencia de que las autoridades esclarezcan los señalamientos y garanticen que cualquier investigación se lleve a cabo sin privilegios ni excepciones.
