Han pasado casi tres meses desde que autoridades de Estados Unidos solicitaron la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, sin que hasta ahora se concrete alguna acción.
Mientras el proceso permanece sin avances públicos, el gobierno continúa destinando recursos para garantizar la seguridad del exmandatario y su familia, incluyendo el despliegue de policías estatales.
La situación ha generado cuestionamientos en medio de un contexto de violencia e inseguridad en Sinaloa, donde ciudadanos han modificado sus actividades cotidianas por temor.
En contraste, familias han dejado de asistir a espacios públicos como estadios, cines o restaurantes ante el riesgo que perciben en distintas regiones del estado.
El caso pone en el centro del debate el uso de recursos públicos y las prioridades en materia de seguridad, en un momento en que la violencia sigue impactando la vida diaria de la población.
