Rocha e Inzunza acudieron a declarar ante un Ministerio Público en Culiacán, Sinaloa, en medio de señalamientos sobre presunta influencia del crimen organizado dentro de estructuras de seguridad y procuración de justicia en la entidad.
La diligencia se realizó en oficinas relacionadas con la propia Fiscalía estatal, donde también operaba el vicefiscal Dámaso Castro, funcionario que ha sido acusado de supuestamente recibir pagos mensuales a cambio de alertar sobre operativos y brindar protección a grupos criminales.
Pese a las acusaciones, Castro permanece sin ser detenido y continúa siendo una figura señalada dentro de la controversia que rodea el caso. Posteriormente, otras autoridades locales también fueron convocadas a comparecer ante las instancias correspondientes.
El episodio ha reavivado cuestionamientos sobre el desempeño de la Fiscalía de Sinaloa y recordó antecedentes como el manejo del asesinato de Héctor Melesio Cuén, caso en el que la autoridad estatal sostuvo inicialmente una versión que posteriormente fue desmentida.
En este contexto, la comparecencia de Rocha e Inzunza en Culiacán ha sido interpretada por diversos sectores como una decisión estratégica para declarar en un entorno que consideran favorable y bajo una estructura institucional señalada por presuntas irregularidades.