Una propuesta de reforma enviada al Congreso de la Unión busca fortalecer las sanciones contra la explotación laboral en México, al incorporar como delito aquellas prácticas ejercidas mediante violencia, engaño, coacción moral o mala fe.
La iniciativa plantea modificar el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de reconocer que el aprovechamiento del trabajo ajeno no siempre ocurre bajo acuerdos libres, sino también a través de mecanismos que anulan la voluntad de las personas trabajadoras.
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Entre los cambios propuestos se encuentra especificar que la explotación laboral también ocurre cuando existe violencia física, psicológica o moral, dolo o engaño. De aprobarse, estas conductas podrían castigarse con penas de 3 a 10 años de prisión y multas económicas.
La propuesta busca que estos casos no solo sean atendidos desde el ámbito laboral o administrativo, sino también bajo un enfoque de derechos humanos, considerando como una violación grave cualquier beneficio económico obtenido mediante la imposición o sometimiento de trabajadores.
