La procuración de justicia en Michoacán enfrenta nuevos cuestionamientos luego de la salida de Carlos Torres Piña de la Fiscalía General del Estado (FGE), en un contexto en el que familias de víctimas demandan continuidad en las investigaciones y respuestas concretas.
El ahora ex fiscal, Carlos Torres Piña solicitó licencia para separarse del cargo a partir del 22 de junio de 2026, cuando llevaba menos de un año como fiscal. Posteriormente, en septiembre, presentó su renuncia definitiva tras asumir la coordinación estatal de los Comités de Defensa de la Transformación de Morena.
La situación ha generado cuestionamientos entre ciudadanos y familiares de víctimas, quienes consideran que los cambios en la conducción de la Fiscalía pueden representar dificultades para dar seguimiento a investigaciones que ya estaban en curso.
“Me parece que no se toma con seriedad la procuración de justicia y, en segundo, el servicio público. No se puede ir a tomar un puesto y menos en la procuración de justicia solo por unos meses y luego dejarlo ahí en el limbo”, señaló Erick Yáñez, empleado.
A esta preocupación se suma la postura de familias buscadoras. Evangelina Contreras señaló que los cambios implican volver a establecer mesas de trabajo y esperar a que el nuevo responsable conozca los casos pendientes.
“Sí nos complica mucho, porque si ya estábamos haciendo mesas de trabajo con Carlos Torres Piña, pues ya no están. Ahora estamos esperando quién va a llegar en el lugar de él y volver a empezar”, expresó.
El escenario también coloca bajo escrutinio al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, pues la definición de la nueva titularidad de la Fiscalía ocurre durante la recta final de su administración
Para familiares de víctimas y ciudadanos consultados, la exigencia es que las investigaciones continúen, que los Ministerios Públicos den seguimiento a los casos y que las decisiones de carácter político no terminen desplazando las necesidades de quienes buscan justicia.
En este escenario, Alfredo Ramírez Bedolla queda ante el cuestionamiento público sobre qué tan prioritaria es la procuración de justicia dentro de su administración, particularmente mientras continúa el proceso para definir a quien encabezará la Fiscalía General del Estado.
