El gobierno mexicano acusó a Estados Unidos de pactar con el narcotráfico, en medio de una nueva escalada de tensiones entre ambos países.
Las declaraciones podrían estar relacionadas con las figuras de testigo protegido y testigo colaborador, mecanismos utilizados por autoridades estadounidenses para desmantelar organizaciones criminales y alcanzar objetivos de mayor nivel. Estos esquemas también fueron respaldados durante el juicio contra Genaro García Luna.
Sin embargo, los testimonios recientes han comenzado a señalar a figuras presuntamente vinculadas con el actual movimiento político en México, lo que ha intensificado la controversia. A partir de estas declaraciones y de investigaciones de agencias estadounidenses, han surgido nuevas denuncias.
Trascendió que varios actores políticos estarían buscando acuerdos para obtener beneficios procesales, en un contexto similar al de otros casos relevantes.
Entre las líneas de investigación destacan presuntos vínculos entre políticos y grupos delictivos para influir en procesos electorales, así como operaciones relacionadas con huachicol fiscal y desvío de recursos.
