La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para cuestionar la legalidad del citatorio que le fue emitido, aunque finalmente decidió no rendir declaración. El hecho generó reacciones políticas y reavivó el debate sobre el actuar de las autoridades federales frente a distintos personajes públicos.
En medio de la controversia, voces de la oposición señalaron un presunto “doble rasero” por parte del morenismo, al considerar que mientras algunos perfiles políticos son protegidos, otros enfrentan presión y señalamientos públicos. El caso volvió a colocar en la discusión nacional las acusaciones de uso político de las instituciones de justicia.
