La nueva Ley Federal de Derechos ha generado críticas debido a los incrementos contemplados para diversos trámites y servicios públicos, algunos de los cuales alcanzarían hasta 400 por ciento.
Entre los conceptos señalados se encuentran servicios relacionados con el sector salud, investigaciones, transfusiones de sangre y distintos procedimientos administrativos.
También se plantean nuevos cobros vinculados con la extracción y aprovechamiento de determinados materiales.
Los cambios han provocado cuestionamientos sobre el impacto que tendrán las nuevas cuotas tanto para ciudadanos como para sectores productivos que realizan trámites ante dependencias federales.
El debate ocurre además en un contexto de señalamientos políticos relacionados con presuntos negocios millonarios en el sector de materiales, acusaciones que han sido objeto de controversia pública y que deben distinguirse de los cambios establecidos en la legislación.
La aplicación de las nuevas cuotas dependerá de las disposiciones y fechas establecidas en el marco legal correspondiente.
