El Poder Judicial del Estado de Baja California fue sede de la segunda audiencia de Roxana ‘N’, madre del menor Vicente, quien falleció tras ser dejado en el interior de un vehículo bajo temperaturas extremas. El caso, que ha conmocionado a la capital del estado, ha dejado de ser visto únicamente como un incidente de negligencia para convertirse en el estandarte de una nueva propuesta de reforma legal.
Los hechos que se imputan ocurrieron cuando la temperatura en el municipio superaba los 40 grados Celsius. Según las investigaciones, el menor permaneció cerca de 12 horas dentro del automóvil, lo que le provocó un golpe de calor y quemaduras de tercer grado.
Aunque inicialmente se manejó la versión de un descuido, familiares de la víctima y el padre del menor, Juan Carlos Meza Beltrán, sostienen que el acto fue premeditado. Testimonios presentados por la parte afectada sugieren que la acusada habría amenazado con dañar al niño como represalia tras la solicitud de divorcio de Meza Beltrán.
Surge la iniciativa ‘Ley Vicente’
En el marco de este proceso judicial, un grupo de ciudadanos y simpatizantes, encabezados por el padre del menor, presentaron la propuesta de la ‘Ley Vicente’. Esta iniciativa busca reformar los juicios familiares en el estado bajo los siguientes criterios:
- Prioridad al interés superior de la niñez: Que las decisiones de custodia se basen en el bienestar del menor por encima de la perspectiva de género.
- Investigaciones psicológicas profundas: Obligatoriedad de peritajes sobre el entorno familiar antes de emitir fallos de convivencia.
- Equidad de género para los padres: Permitir que los hombres puedan acceder a mecanismos de defensa como la Ley Vicaria, actualmente limitada en su aplicación.
La asociación “No más hijos rehenes” se sumó a las protestas, señalando que el sistema actual tiende a invisibilizar a la figura paterna. Roberto Rodríguez, secretario de la organización, argumentó que, en muchos casos de custodia, los jueces omiten evaluar los riesgos que el menor puede correr con la madre, “borrando de un plumazo” a la familia paterna del entorno del niño.
Exigencia de justiciaPrevio a la audiencia, una marcha pacífica recorrió las calles desde la Plaza Centenario hasta el Poder Judicial. Durante la movilización, asistentes como Angélica Contreras expresaron su indignación ante las versiones que indican que la madre se encontraba activa en redes sociales mientras el menor permanecía en el vehículo.
“¿Cómo no olvidó el celular en el carro? No se acordó de su hijo en 12 horas; a mi punto de vista, la señora ya lo tenía bien planeado”, denunció la ciudadana, sumándose a la petición colectiva de una condena de al menos 50 años de prisión para la detenida.
El proceso legal continúa bajo la mirada de la sociedad civil, que espera que el caso de Vicente marque un precedente en la protección de los derechos de la infancia en Baja California.
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