La corrupción continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en Michoacán. De acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), por cada 100 mil habitantes que realizaron algún trámite o contacto con servidores públicos, 21 mil 413 personas experimentaron al menos un acto de corrupción en la entidad.
Las cifras reflejan además una creciente desconfianza de los michoacanos hacia las instituciones públicas y autoridades del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, situación que, aseguran ciudadanos, provoca que muchas personas eviten denunciar delitos o buscar justicia por temor a no recibir atención adecuada.
Por su parte, el ciudadano Sergio Jiménez afirmó que existe una percepción generalizada de corrupción e incapacidad entre los gobernantes. “Hay incertidumbre porque no sabemos si habrá respuesta si acudimos a una dependencia pública”, comentó.
La misma encuesta del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) señala que durante la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, el 89.9% de los michoacanos percibió la corrupción como una práctica frecuente o muy frecuente entre policías; el 85.1% en partidos políticos; el 78.1% en la Fiscalía estatal y el 76.1% dentro del gobierno estatal de Michoacán.
A decir de los ciudadanos, los constantes señalamientos de corrupción y abuso de autoridad en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla han provocado un profundo deterioro en la confianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar seguridad.
Mientras tanto, la ciudadana Lourdes Martínez aseguró que actualmente se percibe un incremento en los problemas de violencia y corrupción en Michoacán: “Ahora se ve más corrupción, más problemas y más violencia”, expresó.
La encuesta también revela que el 61.1% de los michoacanos desconfían del gobierno estatal encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, una cifra que evidencia el desgaste de credibilidad institucional en la entidad.
Además, datos de la Fiscalía General del Estado revelan que desde el inicio de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla en 2021 se acumulan mil 56 casos relacionados con abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública por parte de autoridades de seguridad y funcionarios gubernamentales.
Para muchos ciudadanos, estas cifras representan no solo un problema administrativo, sino una situación que los hace sentir vulnerables y desprotegidos frente a las propias instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia.
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