La seguridad en el campo michoacano volvió a colocarse en el centro del debate luego de que una alerta emitida por Estados Unidos para retirar temporalmente a sus inspectores en Michoacán provocara la suspensión de exportaciones de aguacate hacia ese país y generara pérdidas económicas para el sector.
La medida afectó a productores y empacadores de aguacate, quienes enfrentaron complicaciones para continuar con los envíos internacionales mientras se revisaban las condiciones de seguridad necesarias para mantener las operaciones de inspección.
En este contexto, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que la extorsión y el cobro de piso contra productores de aguacate y limón representan un impacto económico cercano a los 18 mil millones de pesos al año, debido a las cuotas ilegales que grupos criminales exigen a quienes trabajan en estas cadenas productivas.
El panorama refleja la presión que enfrenta el sector agrícola en Michoacán, donde productores han denunciado durante años amenazas, cobros ilegales y afectaciones a sus actividades, mientras autoridades mantienen operativos e investigaciones para combatir estos delitos.
