Familiares de personas privadas de la libertad en Michoacán denunciaron que durante la gestión del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se han registrado presuntas irregularidades en los procesos judiciales y señalaron que la prisión preventiva oficiosa mantiene a cientos de personas en espera de una sentencia durante años.
“No solamente somos nosotros, sino que hay muchas familias en situaciones similares o totalmente distintas, pero que son víctimas de la prisión preventiva oficiosa, en la cual pueden durar muchos años sin ser sentenciados porque no hay el seguimiento de un debido proceso”, declaró Tania Fulgencio, familiar de uno de los afectados.
De acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, en los últimos cinco años Michoacán acumuló 13 mil 426 casos de personas en espera de sentencia.
Tania señaló que el sistema penal en el estado no resuelve los casos con rapidez y acusan omisiones por parte de las autoridades encabezadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, asimismo, acusaron de "fabricar pruebas"
Y es que la falta de acción por parte del Gobierno de Ramírez Bedolla, provoca que los casos se vean entorpecidos, y es que Tania aseguró que su padre permanece detenido desde hace tres años por un presunto homicidio y que, hasta el momento, no ha recibido una sentencia.
Además, acusó presuntas irregularidades dentro de la investigación realizada por la Fiscalía Regional de Jiquilpan.
“Por parte de la fiscalía yo señalo a un familiar en particular, quien trabaja en la Fiscalía Regional de Jiquilpan. Fue a partir de que él inició estas series de entrevistas que todo se empezó a girar hacia mi padre, habiendo previamente un sospechoso señalado por ex empleados”, señaló.
También denunció que una persona identificada inicialmente dentro de la carpeta de investigación nunca fue citada por las autoridades.
“A la persona más señalada en este caso del homicidio nunca se le citó por parte de la autoridad y hasta la fecha no se le ha citado. Él había dado parte en la carpeta de investigación desde el inicio, pero a la fecha ya no existe esa declaración y se había aportado también un video de él mismo”, aseguró.
Asimismo, sostuvo que la detención de su padre se realizó de manera irregular, ya que, según su versión, las personas que lo detuvieron iban vestidas de civil y no mostraron una orden de aprehensión.
“La detención no fue de manera correcta, ya que él fue detenido por personas vestidas de civiles, las cuales no traían alguna identificación o algún documento, como lo es una orden de aprehensión”, afirmó.
Tania recordó que la prisión preventiva oficiosa tiene una duración máxima de dos años, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que consideran excesivo que el imputado continúe privado de su libertad después de tres años sin sentencia.
Finalmente, señaló sentirse desprotegida por las autoridades estatales a cargo del morenista Ramírez Bedolla y exigió mayor agilidad en la resolución de los procesos judiciales en Michoacán.
