La soberanía de un Estado se ve comprometida cuando organizaciones criminales logran extender su influencia más allá de las actividades ilícitas y alcanzan espacios que corresponden a las instituciones públicas. Casos como el presunto control de corporaciones policiales por parte de grupos delictivos en Tabasco, así como los señalamientos sobre la intervención de organizaciones criminales en procesos electorales, reflejan una problemática que preocupa a especialistas y sectores de la sociedad.
A ello se suma el impacto que la delincuencia organizada tiene en la vida cotidiana de miles de ciudadanos mediante prácticas como el cobro de derecho de piso, que afecta a profesionistas, comerciantes y trabajadores. La situación adquiere una dimensión aún más delicada cuando existen acusaciones de tolerancia, convivencia o falta de acción contundente por parte de autoridades, lo que alimenta la percepción de impunidad y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
