El Gobierno busca ampliar las medidas para retirar publicaciones en redes sociales bajo el argumento de combatir la violencia digital. Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación por los criterios que se utilizarían para decidir qué contenidos deben eliminarse y quién tendría la facultad de ordenar su retiro.
Uno de los principales cuestionamientos es que estas medidas podrían afectar la libertad de expresión si no existen reglas claras y mecanismos de revisión. La preocupación se centra en que publicaciones críticas hacia funcionarios, gobiernos o decisiones políticas pudieran verse limitadas bajo criterios poco transparentes.
Aunque combatir el acoso y la violencia digital es un objetivo relevante, especialistas y defensores de la libertad de expresión suelen advertir sobre la necesidad de establecer límites precisos para evitar que las medidas se utilicen de manera arbitraria. Para evaluar el alcance de esta iniciativa, es necesario conocer qué cambios propone, quién los aplicaría y qué garantías habría para proteger la crítica y el debate público.