El caso de presunto huachicol fiscal en Altamira continúa generando controversia luego de que Mexicanos Contra la Corrupción revelara que la operación podría involucrar hasta 20 millones de litros de combustible, y no 10 millones como se había señalado inicialmente. La investigación apunta a una red de tráfico ilegal de combustible con una logística de gran escala y posibles vínculos políticos. Además, se menciona una presunta protección al gobernador Rubén Rocha Moya, lo que ha intensificado el debate sobre corrupción, contrabando y la operación de redes dedicadas al mercado ilegal de hidrocarburos en México.
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