Habitantes de la comunidad indígena de San Francisco Acachuén, en Chilchota, denunciaron omisión de las autoridades tras el asesinato de dos comuneros durante un ataque armado ocurrido el pasado 6 de mayo. Las protestas escalaron hasta Morelia, donde exigieron justicia, seguridad y resultados al gobierno estatal que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla
La comunidad indígena de San Francisco Acachuén, ubicada en el municipio de Chilchota, rompió el silencio luego del ataque armado ocurrido el pasado 6 de mayo, donde dos comuneros fueron asesinados y una persona más resultó herida presuntamente a manos del crimen organizado.
A casi diez días de los hechos, habitantes denunciaron que no existe una investigación formal ni avances concretos por parte de las autoridades estatales, situación que incrementó la tensión social y provocó una serie de movilizaciones y protestas en la región.
Los comuneros señalaron directamente al gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla por la falta de resultados en materia de seguridad y justicia, asegurando que las autoridades no han detenido a ningún responsable del ataque.
La indignación escaló este miércoles, cuando manifestantes incendiaron la presidencia municipal de Chilchota tras varias jornadas de protesta. Los habitantes acusaron omisión por parte de las corporaciones de seguridad pública y cuestionaron el actuar de la Secretaría de Seguridad Estatal, encabezada por José Antonio Cruz Medina.
Durante las movilizaciones, un comunero lanzó un llamado directo:
“En el tiroteo mataron a dos comuneros, es por ello que le hago un llamado a los tres niveles de gobierno para exigir justicia. Yo le digo a la presidenta municipal, al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla: si no están preparados para resolver la inseguridad que tenemos en Michoacán, que renuncien.
Las protestas no sólo se concentraron en Acachuén y Chilchota, sino que también llegaron a la Cañada de los Once Pueblos y posteriormente a Morelia, donde los manifestantes denunciaron presuntas extorsiones, violencia y posibles vínculos entre grupos criminales y autoridades locales.
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Frente a Palacio de Gobierno, los inconformes acusaron incapacidad y omisión por parte del gobierno estatal para garantizar condiciones mínimas de seguridad en Michoacán, entidad golpeada constantemente por hechos de violencia relacionados con el crimen organizado.
Los habitantes también denunciaron presuntos abusos y agresiones por parte de policías municipales durante las manifestaciones, además de reiterar que no han recibido apoyo oficial tras los hechos violentos que marcaron a la comunidad.
Ante el clima de inseguridad, los comuneros exigieron una investigación profunda sobre el grupo criminal que, aseguran, ha sembrado temor en la región, así como la intervención inmediata del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y del Secretario de Seguridad Pública José Antonio Cruz Medina para garantizar la seguridad de las comunidades indígenas de Michoacán.